11 Dic El costo de la reelección en Honduras
La tensión política que vivimos en Honduras comenzó en 2009, cuando el fantasma de la reelección comenzó a rondar en el ambiente político y se volvió un tema de discusión entre toda la población. Con el planteamiento realizado por el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales alrededor de una cuarta urna para consultarle al pueblo si estaba de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución de la República, rápidamente se vendió la idea que la intención detrás de esa iniciativa era la reelección del expresidente Manuel Zelaya Rosales, para llevarnos a un sistema de gobierno similar al que se tiene en Venezuela, y se propagó rápidamente los tremendos problemas que viven a diario los venezolanos alrededor del “Socialismo del Siglo 21”, enfundando el miedo y terror en los hondureños que hemos sido un pueblo pacífico, acostumbrado a una democracia sin sobresaltos.
La iniciativa de la cuarta urna despertó la preocupación en sectores de importancia en el país, al punto que en una combinación de intereses económicos y políticos se da un golpe de Estado el 28 de junio de 2009 para, en teoría: “evitar las intenciones reeleccionistas del presidente Manuel Zelaya Rosales en abierta violación a la prohibición constitucional y evitar caer en el Socialismo del Siglo 21”. El golpe de Estado trajo consigo un aislamiento de la comunidad internacional que nos llevó a una tremenda crisis política, social y económica, cuyos efectos aun sentimos.
El golpe de Estado también hizo que los hondureños adquiriéramos conciencia alrededor del país que habíamos construido, un país con muchos problemas, pero principalmente con un alto porcentaje de pobreza, trayendo consigo que la percepción general fuera que “tenemos que cambiar”, “tenemos que generar oportunidades”, “tenemos que atender sectores desprotegidos”, entre otros.
Es así como, en las elecciones generales de 2009, la población hondureña fue a votar con una clara indicación e intención de depositar en el nuevo presidente, la obligación de hacer cambios en el país, de combatir la corrupción, de mejorar el sistema de salud, mejorar la calidad de la educación, entre otros, para de esa forma generar progreso y evitar un levantamiento o indignación generalizada que nos llevara a una crisis social o bien a un sistema que rechaza la mayoría de la gente.
El elegido en las elecciones generales de 2009 resultó ser Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional. El resto es historia. El gobierno de Porfirio Lobo Sosa defraudó a la mayoría de los hondureños, pues fue un gobierno con altos índices de corrupción, que hicieron crecer aún más los índices de descontento e indignación en la población y es así como, llegamos a las elecciones generales de 2013, con una institucionalidad casi en su mayoría controlada por el Partido Nacional, y con una enorme división en el Partido Liberal como resultado del golpe de Estado, pues su membresía tradicional estaba dividida entre el Partido Liberal y el Partido Libre, creado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, e impulsado principalmente por el Partido Nacional, pues la existencia de ese partido generaba una división en el Partido Liberal que facilitaba la permanencia en el poder del Partido Nacional.
En las elecciones generales de 2013, nuevamente la población depositó su voto con la misma indicación con la que lo hizo en 2009. El elegido en las elecciones generales de 2013 fue Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. El resto también es historia. El gobierno de Juan Orlando Hernández, a pesar de su gran dinamismo y actividad alrededor de mejorar los principales indicadores del país, se quedó corto en la lucha contra la corrupción, mermó la actividad económica con la aplicación de una carga tributaria difícil de sostener, concesionó la gran mayoría de bienes productivos del Estado a favor de privados cuyo servicio en algunos casos es peor que el que brindaba el Estado y con costos mayores que al final se traducen en más carga para la población. Juan Orlando Hernández también trajo de regreso el fantasma de la reelección. Con una clara intención de viabilizar un proyecto reeleccionista, un grupo de diputados de su partido presentó ante la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una solicitud para que se declararan inaplicables los artículos de la Constitución de la República que impedían la reelección. La sala de lo Constitucional, nombrada por el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández, emitió un fallo aberrante y jurídicamente anulable mediante el cual declaró inaplicable los artículos de la Constitución de la República que impiden la reelección, abriendo la posibilidad de la misma y sumiendo nuevamente a la población hondureña en una enorme crisis política, social y económica.
Es así como se llegó a las elecciones generales de 2017, con una institucionalidad absolutamente controlada por el Partido Nacional, con una ilegal reelección del Presidente Hernández, y con una Alianza de ciertos partidos y personajes de la oposición alrededor del lema “Fuera JOH” o “Fuera Juan Orlando Hernández” y bajo el nombre “Alianza de la Oposición contra la Dictadura”.
El resultado de las elecciones generales de noviembre de 2017, a la fecha es incierto. Sin embargo, en línea con la percepción de la mayoría de la población respecto de la alta factura que le pasaría al presidente Juan Orlando Hernández su ilegal reelección, es la Alianza de la Oposición contra la Dictadura que en el primer comunicado emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), demostró una ventaja de alrededor de 117 000 votos sobre Juan Orlando Hernández con un alto porcentaje de actas escrutadas, dando una tendencia casi irreversible. Ese primer resultado ofrecido por el TSE rápidamente despertó la preocupación en sectores importantes del país, pues al estar la Alianza de la Oposición contra la dictadura coordinada por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, nos venden nuevamente el miedo y terror alrededor de la instauración en el país del “Socialismo del Siglo 21”. En esa combinación de preocupaciones, con el pasar de los días y en medio de una serie de inconsistencias y fallas por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la tendencia comienza a favorecer a Juan Orlando Hernández, lo cual despierta en un gran sector de la población las sospechas de un fraude electoral, y una reacción de robo de las elecciones por parte de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, lo cual parece nos tiene a un paso de una nueva crisis política e institucional que seguramente se extenderá y traerá consecuencias nefastas para el país y para toda la población.
A raíz de todas las irregularidades que se dan alrededor de las elecciones generales de 2017, las redes sociales han servido de campo de batalla para cada una de las partes involucradas, pero hay un comentario que resalto con mayor énfasis, y es aquel que en resumen señala: “nada de esto estaría sucediendo si no se tuviese una ilegal reelección y la cara de Juan Orlando Hernández no hubiese estado en la papeleta presidencial”, y es ahí donde me hago la pregunta, ¿Cuál es el costo de la reelección? Bueno, para los hondureños, desde la crisis del golpe de Estado de 2009 a la fecha, han pasado ya ocho años en que a causa del fantasma de la reelección, hemos tenido que sobrevivir en medio de una tremenda inestabilidad política que nos genera una crisis social y económica que nos hace retroceder como país, y que profundiza la pobreza y la miseria en que vive la mayoría de la población y pareciera, por los hechos que vivimos en la actualidad, y la inminente declaración de triunfo a favor de Juan Orlando Hernández, que el costo es, que la crisis y sus efectos continuarán. Pero también habrá un costo para Juan Orlando Hernández y su Partido, su ilegal reelección y las fallas e inconsistencias alrededor de las elecciones generales han causado que se agudice aún más la indignación en gran parte de la población, y ello le pasará factura a él, a sus principales promotores y al Partido Nacional.
Considero que no es justo que por ambiciones personales tengamos los hondureños que pasar por estos procesos traumáticos de tensión e inestabilidad que generan un claro retroceso en el progreso del país y sus ciudadanos. La reelección debió someterse desde un inicio a un plebiscito para que fuera la población que tomará la decisión de permitirla o de ponerle un candado definitivo. Espero que los hondureños podamos pronto sepultar esta última década que ha sido oscura y de retroceso para nuestro país. El país necesita urgentemente avanzar por la ruta de la armonía, el entendimiento, el desarrollo y el respeto a la institucionalidad y los derechos humanos.
Oscar Melara, abogado y notario hondureño